REBELION INDIGENA EN PERU.

Escuchaba hace unos días al presidente de Perú, Alan García, afirmar que “no son ciudadanos de primera” los indígenas que se habían movilizado contra la nueva Ley Forestal. Una norma que abre las puertas a una nueva explotación de la Amazonía del nordeste peruano. Me sobrecogió no sólo por lo que decía, sino sobre todo por el tono en el que lo decía. Para el presidente peruano no eran más que “indios”, con toda la carga de de siglos de desprecio acumulados, difíciles de ocultar.

Lo ocurrido esos días en la Amazonía peruana se ha contado en los medios, aunque tengo mis dudas de que se haya explicado en profundidad. Se ha hablado de muertos, de violencia, de bloqueos de carreteras, pero siempre anteponiendo una versión oficial, más que dudosa sobre lo acontecido, al relato de quienes lo vivieron y lo sufrieron.

Esa versión oficial ha descrito algo así como un grupo de salvajes avasallando a los civilizados policías y soldados peruanos que, siguiendo órdenes de Lima, intentaron restablecer la normalidad. Y claro, hay salvajes que no se dejan civilizar y hay que civilizarlos a la fuerza. Las imágenes parecen confirmar esta versión oficial: indígenas con el rostro pintado y empuñando lanzas y flechas acosando a agentes perfectamente uniformados que sólo intentaban mantener el orden, apenas armados con fusiles automáticos y apoyados por helicópteros artillados. Perdonen la ironía pero es que el imaginario de los hechos es tan manipulador como los discursos de cualquier presidente.

No voy a hacer un canto al buen salvaje. No digo que los indígenas, por el hecho de serlo, tengan que ser considerados más inocentes o menos brutales que quienes no lo son. Pero la disparidad de medios y de fines es tan abrumadora que provoca indignación. Y sobre todo parece ocultarse el fondo de la cuestión.

La nueva Ley Forestal abre la puerta a una explotación de los recursos naturales, de los bosques tropicales, de las materias primas que no es nueva. Leía un informe de una organización naturalista en el que se trazaba una similitud de esta nueva Ley y lo ocurrido hace un siglo, cuando la fiebre del caucho abrió la Amazonía peruana, como la brasileña o la colombiana, a la extracción de ese recurso natural. Se presentó como el avance de la civilización y el desarrollo. La realidad fue que generó unas cuantas fortunas de tipos aventajados a cambio de explotación, esclavitud y miseria para los pueblos que habitaban la región. No hubo desarrollo, no hubo mejoría en las condiciones de vida de la población autóctona.

Varias organizaciones de derechos humanos, de defensa del medio ambiente y del mundo indígena han pedido una investigación imparcial sobre lo ocurrido. Incluso han denunciado que las fuerzas de seguridad peruanas han estado haciendo desaparecer los cadáveres de indígenas acribillados.

Recuerdo lo sucedido en Perú justo hace 23 años, cuando hubo un motín en tres penales de máxima seguridad, El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. Los presidiarios, la mayoría pertenecientes a Sendero Luminoso, una organización que había hecho del terror su modus vivendi, protestaban por las duras condiciones de vida y por el retraso en los procesos judiciales en los que estaban acusados de terrorismo. El entonces presidente, Alan García (será casualidad), permitió una matanza en la que se estima que al menos 200 reclusos fueron masacrados cuando ya se habían rendido. Esos mismos días se celebraba en Perú un congreso de la Internacional Socialista, a la que pertenece el partido de Alan García, el APRA. Había que ocultar la realidad. ¿Ocurre lo mismo ahora?

Fran Sevilla